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CGR devela sobrecostos del 650% en formulación del plan de desarrollo de Mapiripán. Investigan al alcalde. 

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Detrimento fiscal por cerca de 268 millones de pesos detectó la Contraloría General de  la república, tras una auditoria hecha a los recursos invertidos por la alcaldía del municipio de Mapiripán en la formulación del plan de desarrollo municipal 2016-2019.

El mencionado documento le costó este año al municipio un 650% más respecto del costo de los contratos suscritos por municipios con condiciones similares, para el caso de Mapiripán  el contrato de consultoría firmado el 11 de abril de 2.01, con la Fundación Origami con un tiempo de duración de tres meses  tuvo una inversión de 348 millones de pesos.

Según la CGR, queda en evidencia que en la administración del alcalde Alexander Mejía existe una clara falta de planeación administrativa, pues el plazo para aprobar el plan de desarrollo vencía el 30 de abril de 2016, lo que hacía imposible que el contratista lo elaborara en tan sólo 19 días  y además  fue aprobado por el Concejo municipal el 30 de agosto de 2016, fuera de los términos de ley.

A manera de ejemplo, dice la Contraloría, para evaluar la magnitud del daño fiscal, se toma como referencia el valor pagado por la realización del plan de desarrollo  en otros municipios, como La Macarena donde costó 18 millones, Puerto Gaitán 28 millones, Uribe 30,  Puerto Concordía 67 millones 500, Puerto lleras 65 millones y Lejanías 80 millones, que contrastan con los 348 millones de Mapiripán, con una diferencia de 294 millones de pesos.

Cabe aclarar que en la pasada administración de Mapiripán, con el alcalde Jorge Iván Duque,  la formulación del plan de desarrollo tuvo un costo de 75 millones de pesos.

Para la CGR se concluye al término del proceso auditor que que existen elementos suficientes para configurar un hallazgo por daño al patrimonio por valor de 267 millones 700 mil pesos, por el mayor valor pagado con respecto a los otros municipios con situaciones sociales, económicas, de orden público  y de desarrollo similares.

Así como incumplió con los términos de ley para presentarlos al concejo, y algunas falencias en el cumplimiento de requisitos y soportes  para celebrar el contrato con el señor José Antonio Castro Alfonso, representante legal de la Fundación Origami.

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