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Fiscalía imputa cargos a los tres Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Meta

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Se expidieron 24 órdenes de captura por 6 delitos contra seis jueces de garantías,
funcionarios del Inpec, abogados, asistentes de juzgados y otros.

La estrategia Bolsillos de Cristal sigue su marcha en el sector justicia. A los certeros
golpes que contra la corrupción se han dado en el ente acusador, ahora se suma un
importante resultado en el funcionamiento de la jurisdicción ordinaria en el Meta.

Esta investigación, denominada Operación Caballistas, es el primer gran resultado de
esta política. Como resultado de ella se dispuso la imputación de cargos contra los tres (3)
magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Meta y se legalizó la expedición de
24 órdenes de captura contra seis (6) jueces de garantías, asistentes de juzgados,
funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), abogados
particulares y otros.

Las decisiones hacen parte de una investigación contra una empresa criminal de la que al
parecer formaban parte servidores judiciales y abogados litigantes, que delinquía desde el
año 2013 en los distritos judiciales de Meta y de Cundinamarca, y que tenía por objeto
otorgar indebidamente subrogados penales a favor de los delincuentes, mediante
decisiones relacionadas con redenciones de pena, sustituciones de detención privativa de
la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las
sentencias.

Los beneficiarios de estas medidas particularmente eran personas procesadas por delitos
de homicidio, concierto para delinquir y tráfico ilícito de estupefacientes, según lo tiene
acreditado la Fiscalía.

En audiencia de imputación, programada para el 10 de julio próximo, la Fiscalía le
solicitará al Tribunal Superior de Bogotá que les imponga medida de aseguramiento a los
magistrados Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío
Trejos Londoño.

Estos funcionarios junto con las otras 24 personas deberán comparecer como posibles
responsables de los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en
documento público, cohecho por dar y ofrecer, y prevaricato por acción en concurso
homogéneo.

Días atrás la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura sellaron una alianza en orden
a preservar la integridad de la justicia frente a los riesgos de la corrupción.

Al anunciar estas decisiones, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez
Neira, manifestó que “la corrupción constituye una amenaza institucional intolerable y
mucho más cuando se trata de la administración de justicia. Si la sal se corrompe será
imposible extirpar este cáncer social”.

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