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Detrimento fiscal por 11 mil millones de pesos por ¨elefante blanco¨ del acuaparque de Villavicencio. Contraloría investiga

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Con la construcción de un moderno parque de olas, ilusionaron a los habitantes de Villavicencio en el año 2.005, cuando la alcaldía por intermedio de la EDUV, contrató la construcción de la obra, mediante un convenio firmado con la SECAB. Hoy el ciudadano que transita por la vía a Puerto López pocos metros antes del peaje, divisa los hierros oxidados y toboganes destruidos del famoso parque de las aguas.

El Proyecto siniestrado, hoy monumento a la desidia y la corrupción, hace parte de un paquete de obras contratadas por el ex alcalde Franklin Germán Chaparro, durante su corto periodo de gobierno donde se realizó un contrato por parte de la EDUV, Empresa de desarrollo urbano de Villavicencio, para adelantar varias obras entre las cuales se encontraba el acuaparque por valor cercano a los 11 mil millones de pesos.

Según lo anunció el Contralor municipal, Iván Balcazar Mayorga, por el detrimento patrimonial a los recursos públicos fueron vinculados al proceso tres personas, considerados presuntos responsables entre ellos la firma interventora Acecotec, la secretaria ejecutiva del convenio Andrés Bello, SECAB y el contratista y algunos funcionarios de la EDUV.

Aseguró que se inició el proceso de jurisdicción coactiva en el caso del acuaparque, sin embargo la entidad ha encontrado que varios de los implicados se encuentran insolventes.

Pero lo que más llama la atención en este nuevo episodio de corrupción, es que por haber revivido nuevamente el proceso de responsabilidad fiscal ahora los presuntos implicados demandaron a la Contraloría, ¨ahora el contralor les sale a deber¨. Incluso dijo que en las últimas semanas le han enviado algunas razones anónimas con tono amenazante, entre ellas, ¨que no meta las narices donde no debe¨ dijo el jefe del organismo fiscal.

Manifestó que además del acuaparque se adelantan procesos fiscales por las obras inconclusas en la construcción de escenarios deportivos en algunas instituciones educativas, en el centro comercial san marcos, en los centros de salud de la Reliquia y san José, obras que después de varios años de contratadas aún no están al servicio de la comunidad, donde habría evidencia de un posible detrimento patrimonial.

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