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Juez ordena enviar a prisión a administradores de justicia y particulares presuntamente involucrados en actos de corrupción en el Meta

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El Juzgado 77 penal de Bogotá, con función de garantías determinó cobijar con medida de aseguramiento a 10 personas entre servidores públicos y particulares como autores y coautores de los delitos de concierto para delinquir y cohecho, a otros prevaricatos por acción, falsedad en documento público y fraude procesal, según su presunta responsabilidad.

Los procesados enviados a prisión son el Juez de Guamal, (Meta), Luis Ever Salazar Sarria, Carlos Hernán Garzón, Claudia Silgado, Carlos Arturo Rodríguez Acosta, Carlos Galarza, Carlos Hugo Alfonso, Aída Salgado León

Así mismo, con medida de aseguramiento domiciliaria fueron cobijados, Néstor Gordillo adscrito como investigador del Cuerpo Técnico de Investigación, (CTI), el funcionario del Instituto Colombiano de Medicina Legal Germán Ruiz Beltrán y el fiscal de Villavicencio, (Meta) y Javier Eduardo Aldana. En libertad fue dejado el medico Omar de la Hoz.

Para la Fiscalía General se trata de una presunta red criminal al servicio de la delincuencia organizada la cual ofrecía un catálogo de beneficios judiciales y de maniobras jurídicas con el fin de para brindarles libertades provisionales, definitivas o detenciones domiciliarías con precios desde los 2 a los 40 millones de pesos.

Según manifestó la fiscal delegada en este caso, en audiencia pública desarrollada durante más de 25 días en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá, los procesados en un acto de corrupción tramitaron beneficios ante Justicia y paz a favor de José Everto López Montero alias Caracho como si fuera beneficiario de la ley de justicia y paz.

De acuerdo con la imputación de cargos, López Montero había sido condenado en el 2016 a una pena de 26 años de prisión como responsable de los delitos de tortura y desaparición forzada como cabecilla de la organización criminal denominada Erpac la cual operaba en los llanos orientales en inmediaciones de la frontera colombo-venezolana.

“Se usó la reunión y el papel de la OEA para que Garzón sirviera a la criminalidad y acercar a ‘Caracho’ a la JEP”, dijo la fiscal Marlene Orjuela encargada del caso.

En otros casos, “tramitaban valoraciones médicas falsas en las que aparecen los funcionarios del Instituto Colombiano de Medicinal Legal quienes elaborarían certificaciones por problemas psiquiátricos y perfiles suicidas con el fin de obtener sentencias de reclusiones en los centros hospitalarios” sostuvo la delegada del ente acusador.

“Es el caso de Pedro Nel Ardila, condenado a 12 años de prisión por el delito de abuso sexual y a quien el médico Omar de la Hoz le diagnosticó un cuadro depresivo y riesgo de suicidio” agregó.

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