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Plan de desarrollo de Mapiripán ¨enreda¨ a 18 funcionarios y contratistas. Fiscalía hoy imputará cargos.

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La aprobación de manera extemporánea y con sobrecostos hasta del 650% en el contrato para la elaboración del Plan de desarrollo del municipio de Mapiripán, tiene en la mira de los organismos judiciales a 18 personas vinculadas al proceso entre alcaldes, funcionarios, contratistas e interventores de la actual administración.

La investigación de la Fiscalía está soportada en un informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República, en donde quedan en evidencia las posibles irregularidades en la suscripción del contrato 026 del 11 de abril de 2016, por un monto de 348 millones de pesos, suscrito entre la alcaldía de Mapiripán y la fundación Origami.

Para este martes fueron citados por la Fiscalía 10 de Villavicencio encargada de delitos contra la corrupción a una audiencia para imputación de cargos los 18 implicados en el contrato, por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado.

El contrato firmado y con un término de ejecución de tres meses debería ser entregado en julio, pero según lo conceptuado en la ley 152 de 1994 articulo 40 el plazo para municipios y departamentos para entregar el plan de desarrollo a los concejos y asambleas vence el 30 de abril del primer año de gobierno de los mandatarios.

Según la auditoria de la CGR, en la alcaldía de Mapiripán no pudieron justificar la suma tan elevada que pagaron por el plan de desarrollo cerca de 348 millones, máxime cuando municipios vecinos como Puerto Concordia sólo pagaron cerca de 64 millones, la macarena pagó 18 millones, lejanías 80 millones, Puerto Gaitán, 28 millones, Uribe 30 millones, Vistahermosa 68 millones y el Calvario 60 millones.

Tomando como referencia el valor del mercado, la CGR calcula el daño fiscal por los sobrecostos en el contrato en 268 millones de pesos, es decir una diferencia superior al 650% con respecto al promedio de otros municipios.

De igual manera se deja en claro que los concejales aprobaron el plan de desarrollo por fuera de los términos de ley el 30 de agosto de 2016 y no en marzo como dice el ordenamiento jurídico.
La fundación Origami representada por José Antonio Castro, figura en su registro único empresarial como no renovado y tenía cancelada la matricula mercantil, es decir no cumplía con requisitos legales para contratar.

Los implicados en el presunto detrimento son el exalcalde Jorge Iván Duque Lenis, el actual mandatario Alexander Mejía Buitrago, el ex secretario de Gobierno John Jeremías Roa, ex secretario de hacienda Delfín Cárdenas, el exconcejal Jairo Humberto Cuneme, el concejal Marco Tulio Gordillo, el asesor jurídico Jesús Darío Pedraza.

De igual manera fueron vinculados por la fiscalía los contratistas Gustavo Adolfo Quintana, María Rubiela Gómez de Bolaños, Oscar Mauricio Aguirre, Gustavo Andrés Abella, Camilo Andrés Herrera Oros, Juan Pablo Bernal Moncada, Alejandro Holguín Quintero, John Benjamín Herrera Bonilla, Aura marina Hernández Villalba, José Antonio González Rincón y el representante legal de la Fundación origami, José Antonio Castro Alfonso.

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