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Nuevo proyecto de ley tierras listo para ser sometido a consulta previa con comunidades

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Comienza el segundo paso para la ley de tierras, cuyo primer proyecto suscitó varias discusiones entre empresarios y gremios del sector agroindustrial.

El articulado es construido con el liderazgo del Ministerio de Agricultura busca tener en cuenta las observaciones y comentarios hechos al primer borrador, entre los que se destacan temas como la protección a la propiedad privada y la definición de explotación productiva de los predios.

Fuentes cercanas a la construcción del proyecto indican que faltan algunas discusiones para tener una versión final. Hay temas relacionados con la titulación que aún no han sido resueltos, el artículo 12 del borrador que será sometido a consulta previa con comunidades, antes de ser radicado ante el Congreso, revela modificaciones clave a la Ley 160 de 1994.

El artículo estaría dirigido especialmente a los denominados ‘colonos’ u ocupantes de la tierra, que han venido explotando terrenos en oficio de buena fe, y que sin embargo, no cuentan con ningún tipo de titulación. Una carta con la que el Gobierno habría intentado dar seguridad jurídica a los ocupantes históricos, que por falta de titulación podrían caer en algún tipo de expropiación.

El artículo le da facultades excepcionales y extraordinarias a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para titular “mediante acto administrativo de adjudicación” la propiedad de terrenos rurales ocupados de buena fe, aunque superen las dimensiones de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), a quienes demuestren una ocupación y explotación pacífica por más de 10 años.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan,  afirma  que el proyecto va en el camino correcto, ya que favorece la titulación a quienes se les reconoce por ocupar y trabajar la tierra de buena fe. Sin embargo, “tiene que existir un sistema transparente para que la ANT no se convierta en un escenario de corrupción dando tierras a quien no corresponde”.

Rafael Hernández, gerente de Fedearroz, no está de acuerdo con esta discrecionalidad. “Ese tipo de adjudicaciones las tiene que hacer un juez en una diligencia de pertenencia, esto no puede estar a discreción de una Agencia”, ni debe estar a decisión de un funcionario, indicó Hernández.

La  Agencia Nacional de Tierras ANT retoma una actividad que ya venía desarrollando el antiguo INCORA”. Uno de los mayores peligros es que se lleguen a titular grandes extensiones de tierra, ya que el artículo de la iniciativa resalta que las áreas a ser tituladas pueden ser superiores a una Unidad Agrícola Familiar UAF.

Expertos en temas agropecuarios, aseguran que el Gobierno no cuenta con un inventario de baldíos. Los duchos en el tema estiman que es necesario hacer una correcta identificación de tradición y propiedad de los predios que puedan ser titulados. Esto debido a la procedencia o adquisición de sus propietarios.

Hay baldíos de la Nación, que fueron apropiados por la guerrilla o grupos al margen de la ley, que podrían estar siendo ocupados por testaferros. “Una de las preocupaciones latentes que dejó el Decreto – Ley 902 (con el cual se facilitó la implementación de la reforma rural integral) es que existe la posibilidad de dar predios rurales a ex miembros de las Farc, lo cual sería un despropósito”, afirmó el experto.

 

 

 

 

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